Cuatro días se mantuvo al país en vilo y es hora de sacar una buena lección. Los graves perjuicios que infligió al país la crisis provocada por el fanático etnocacerista Antauro Humala no pueden quedar impunes, así como tampoco ignorarse las responsabilidades políticas, policiales, militares y de inteligencia que rodearon los hechos.El desenlace de la toma de la comisaría de Andahuaylas pudo ser, sin duda, más rápido y violento. Primó, sin embargo, la necesaria prudencia, aunque por momentos concesiva hacia el intento de ganar tiempo de los humalistas. Sin distracción de las interpretaciones que puede suscitar la trama ideológica que se esconde detrás de esta acción subversiva, la justicia tiene que sancionar ahora con todo el peso de la ley el asesinato a mansalva de cuatro policías, un sedicioso y un civil y la retahíla de otros graves delitos cometidos, incluida la incursión armada en la comisaría.La democracia y el Estado de derecho no pueden permanecer impasibles ante quienes decidieron rebelarse contra el orden constitucional y generar una situación de violencia física extrema, para luego alegar que solo se defendían de las fuerzas armadas y policiales.Esto es absurdo. Antauro Humala ha demostrado, una vez más, que es un activista fascista capaz de cualquier acto terrorista. Su cobardía, torpeza y desmedido afán de figuración revelan que es producto de una mezcolanza ideológica. Responder por los crímenes de Apurímac y las acusaciones en su contra, incluyendo su vinculación con el narcotráfico, es finalmente el saldo que cosecha una aventura que ha arrastrado a muchos jóvenes desprevenidos.Qué fácil es lanzar discursos golpistas y caudillistas o pretender levantar a las masas aduciendo la supuesta defensa de los intereses de las mayorías. ¿Por qué pedir la renuncia de Toledo justo cuando el Gobierno dispone el pase al retiro de Ollanta Humala? En política no hay ingenuos. Tenemos el derecho a dudar del doble discurso nacionalista de Antauro y de la dual actitud de su hermano, quien aún esconde bajo la manga cartas no jugadas. Además, nadie puede asumir una representación que no tiene (ver elecciones del 2001), como se ha demostrado en la división de apoyo y rechazo a su causa.La Constitución garantiza el derecho del pueblo a la insurgencia contra un gobierno usurpador e ilícito. Esa no es la situación del país. No obstante, así como nada justifica la violencia, tampoco se puede desconocer las responsabilidades políticas en este incidente, principalmente en lo que concierne a la imprevisión gubernamental que lo precedió.El presidente Toledo ha señalado que su gobierno ubicará y detendrá a los humalistas. Pero hay que ser claros: a estos se les dejó crecer demasiado. Con culpable tolerancia se les permitió toda clase de delitos, incluyendo la denuncia de tenencia de armas, desestimada por la Fiscalía. De ahí que aun cuando la estrategia policial-militar de Andahuaylas dio resultado, alguien tiene que responder por la inacción de los servicios de inteligencia de la Policía e incluso del Ejército. No habiendo enemigo pequeño de la democracia, faltó iniciativa, oportunidad y capacidad de decisión.El país espera un cambio de timón. Quienes salieron a las calles no apoyaban directamente a Humala y sus descabelladas ideas. Exigían en cambio la atención del Estado, en zonas donde prácticamente no existe un buen gobierno y una clase política que los represente y calme el ancestral descontento que deambula en el país.