Es lamentable que, aparentemente por criticables motivaciones populistas, se esté poniendo en riesgo uno de los aspectos más positivos del paquete tributario, expedido por el Gobierno hace pocos días, como es la eliminación de exoneraciones.¿Cómo puede exigirse eficiencia y resultados al ministro de Economía, Luis Carranza, cuando, a las primeras y previsibles críticas de las regiones supuestamente afectadas, se da marcha atrás? ¿Es que no se entiende que gobernar demanda tomar acciones firmes y coherentes que pueden ser no populares, pero sí necesarias para el Buen Gobierno? Allí está precisamente la diferencia entre un estadista y un candidato, y ello debe expresarse en el apoyo a las líneas maestras del programa económico que a veces solitariamente debe defender el titular del MEF.Según se ha anunciado, se aplazará por cuatro meses la puesta en vigencia de la anunciada eliminación de tres beneficios tributarios para la región selva: el crédito fiscal especial, la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) por importación de bienes y el reintegro tributario del IGV. Todo esto formaba parte del programa de sustitución inmediata de exoneraciones que comenzaba en abril e incluía las regiones Ucayali, Madre de Dios, Amazonas y Alto Amazonas (Loreto). Los argumentos para la reducción progresiva de las exoneraciones para la selva son contundentes. Y no solo porque el régimen actual establece un trato discriminatorio e injusto en desmedro de algunas regiones, sino porque fomenta actividades delictivas, como el contrabando, la evasión tributaria y la competencia desleal, por ejemplo en combustibles.Hay que reconocer los serios problemas de comunicación y rentabilidad que se dan en algunas zonas alejadas de la selva, donde muchas veces la única manera de entrar y sacar productos es costosa, por vía aérea o fluvial. Pero, en vista de los problemas que causa la exoneración, debe buscarse otras vías, como ya se está haciendo, para promover la integración y el desarrollo de estas regiones, a través de la inversión directa del Estado y sin afectar la coherencia y solidez de la reforma tributaria. El ministro de Economía debe contar para ello con todo el respaldo político del presidente y del Gabinete en pleno.