La seria discrepancia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo respecto de los pedidos de información sobre proyectos en curso debe resolverse prontamente en aras del necesario equilibrio que exige la gobernabilidad democrática.No se puede negar la facultad congresal, amparada por la Constitución, de solicitar información a otras entidades públicas. Pero tampoco le falta razón al jefe del Gabinete al defender la unidad y coherencia de los proyectos que envían al Legislativo, por lo que desalienta a los funcionarios de menor rango a atender los numerosos pedidos, de opinión más que de información, que envían algunos congresistas.Hay pues un abuso de esta facultad, pero también un justificado recelo sobre el uso que se da a la opinión requerida y a la información, muchas veces confidencial, que se podría utilizar indebidamente. En el 2004 un congresista cometió la ligereza de enviar una carta a los alcaldes de Huaraz en la cual señalaba que su comisión había concluido que una minera había evadido impuestos y el pago de canon, lo cual no se ajustaba a la verdad.El Ejecutivo y el Parlamento deben ponderar estos factores y analizarlos con cabeza fría, para promover un reglamento que defina canales fluidos de intercambio de información, necesaria y de calidad, sin afectar las líneas de mando del organigrama gubernamental, y menos recortar el derecho a la información congresal. No se trata de censurar, sino de mejorar tanto las bisagras de coordinación entre poderes fundamentales, como la calidad de las leyes que se promulgan.