ORDENAR SUELDOS ESTATALES, PERO BUSCANDO EFICIENCIA Y LEGALIDAD

En las últimas semanas, desde diversas instancias del Ejecutivo se ha tratado demagógicamente el tema de los altos sueldos en el sector público.A propósito, la intervención presidencial para ordenar y rebajar los sueldos de los alcaldes puede ser importante. Pero, por el modo en que se ha promulgado ha creado un grave problema legal que debe resolverse cuanto antes, sin politiquería y sin afectar la eficiencia del aparato estatal.La austeridad es un objetivo importante en la gestión del Estado, pero no se puede reducir costos a ratajabla, sin considerar los perjuicios que se causa a la calidad de nuestra burocracia.Un ejemplo: en el último concurso para ocupar plazas en los organismos reguladores faltaron postulantes debido a que los sueldos ofrecidos no eran competitivos con el sector privado.Tornando al tema de los alcaldes, es lamentable, arbitraria y escandalosa la manera en que algunos han intentado fijarse sueldos, aprovechando los vacíos normativos. Sin embargo, abordar este problema a través de un decreto supremo no es la manera más apropiada, pues se trata de una norma de menor jerarquía que una ley orgánica como la de municipalidades. La estabilidad jurídica es un valor que debe preservarse precisamente para garantizar la convivencia política y social dentro del Estado de derecho.Debemos reducir gastos, pero no a costa de perder a tecnócratas de primer nivel que necesita el país, ni afectar la pirámide legal del Estado. (Edición sábado).