Sin pérdida de tiempo, la policía adscrita al Ministerio Público viene citando a los representantes de las once agrupaciones políticas involucradas en la presunta falsificación de firmas que, luego de un peritaje grafotécnico, descubrió y denunció de oficio la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).Uno de los primeros en acudir a dar su testimonio a dicha dependencia policial fue el secretario general de la Coordinadora Nacional de Independientes (CNI), Gonzalo Aguirre Arriz, quien indicó a El Comercio que durante su manifestación señaló que su partido no había cometido ningún delito y que, por tanto, pidió dar con los responsables de este supuesto fraude que, como se sabe, está tipificado como delito contra la fe pública y cuya condena es de diez años de cárcel.