El paulatino incremento de inspectores laborales para combatir, entre otras misiones, el ejercicio abusivo de los 'services' resulta la senda más idónea para frenar los atropellos de este mecanismo de subcontratación laboral.Esta vía es más pertinente en lugar de ir por el atajo que significaba la eliminación de estas empresas, porque también existe una legislación bastante rígida que genera sobrecostos y hace necesario este modelo alternativo de intermediación laboral. Lo central aquí es acabar con los abusos y la burla a la legislación vigente que hacen determinados 'services', para evitar el pago que corresponde a sus trabajadores.Cabe señalar que, entre otras obligaciones, estas empresas deben registrar a todo su personal en la planilla, cumplir con el pago de haberes y de las obligaciones laborales, honrar el pago de impuestos, además de estar inscritas en el Ministerio de Trabajo. Los 'services' son mecanismos de subcontratación laboral y de ningún modo resultan aplicables para trabajos permanentes, aunque esa es la práctica común en diversos rubros económicos como la construcción y la minería. En lo que va de este gobierno se ha cancelado 300 permisos de funcionamiento de los 1.200 existentes en el país. El llamado del presidente García para desterrar la práctica abusiva de los 'services' tiene que estar acompañado por un planteamiento coherente para reducir los sobrecostos laborales.