Dentro de lo grave y negativo del fenómeno de la corrupción, bien merece destacarse el enorme y cada vez más extendido rechazo que los peruanos muestran contra este flagelo, al que califican del peor problema del país.Según la última encuesta nacional de El Comercio, realizada por Apoyo S.A., para la mitad de los consultados la corrupción de funcionarios y autoridades públicas supera a la falta de eficiencia del aparato estatal e incluso a la falta de recursos económicos. Evidentemente, la población está no solo hastiada de tanta corruptela, sino que ha aprendido a mirar más allá de los árboles y a sopesar sus consecuencias.Todo indica que las denuncias recientes sobre compras irregulares del Estado y de copamiento político en la función pública han calado en una ciudadanía que exige más transparencia en el manejo de los recursos, así como en el nombramiento de funcionarios honestos y de indiscutible capacidad profesional y técnica.El Gobierno debería leer con cuidado esta encuesta. Primero, porque ratifica que la población no está dispuesta a tolerar más corrupción. Por el contrario, vigila y rechaza la impunidad. Hasta el momento, es claro que el régimen ha reaccionado rápidamente y sancionado los excesos reportados últimamente. Falta que se anticipe, sin esperar a que las denuncias aparezcan primero en la prensa.Por ello, en segundo lugar, es cada vez más urgente la reforma del Estado. Así se erradicarían esas estructuras caducas y burocráticas, proclives a la corrupción y, a veces, casi diseñadas para facilitar las malas prácticas en la gestión pública.