Un anuncio presidencial que en los próximos días se convertirá en decreto supremo podría ordenar los criterios con que se fijan los sueldos de alcaldes y presidentes regionales. Con la incorporación del indicador riqueza de la localidad, anunciado ayer por el jefe del Estado, Alan García, para establecer topes a los sueldos de los alcaldes, se intentaría subsanar los vacíos que tiene la Ley 28212, que contempla los niveles de remuneración de los funcionarios del Estado. Hay que recordar que una disposición final de dicha ley establecía que el Ministerio de Economía debía fijar el rango de niveles posibles de remuneración en función de la población electoral de los gobiernos regionales y locales, dentro de cuyos términos se decidiría la remuneración mensual de sus presidentes y alcaldes.(Edición sábado).
- [El Comercio,Pág. A 10] /