Si el Pleno del Congreso transforma en ley los dictámenes de las comisiones de Defensa del Consumidor y de Transportes, los alcaldes se convertirán en una suerte de ojos y oídos del Gobierno para denunciar la difusión de avisos que consideren 'no aptos para menores' y para que los medios sean sancionados por Indecopi.El proyecto de ley 293/2006-CR, que engloba ambos dictámenes, fue colocado en la agenda ayer, pero no entró a debate por falta de tiempo.De acuerdo con el texto del artículo 3°, "corresponde a las municipalidades provinciales y/o distritales, a cuya jurisdicción pertenezca el medio de comunicación, bajo responsabilidad, realizar las denuncias de los avisos que infrinjan lo señalado en la presente ley ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Indecopi, sin perjuicio de que esta comisión actúe de oficio conforme a sus atribuciones".