El trabajo de la comisión especial que renegoció la compra de 469 patrulleros al consorcio chileno Gildemeister era inválido porque no estaba contemplado en la legislación vigente sobre compras y adquisiciones del Estado. Es la conclusión de un informe de la Contraloría General de la República que fue entregado al presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y que precipitó la resolución del contrato.En el informe de la Contraloría se precisa que además de las objeciones a la legalidad de la comisión que presidió Richard Webb e integraron Tomás Unger y José Amado, la renegociación no era viable porque en el proceso de la licitación de los patrulleros se habían detectado indicios de dolo que constituían un obstáculo insalvable para proseguir con un acuerdo.
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