El bloqueo de carreteras en Tocache, que rechazamos frontalmente por ilegal e injusto, ha encendido nuevamente el debate sobre lo que está pasando en varias zonas del país: la pugna permanente entre los cocaleros tradicionales que buscan medios de supervivencia y mejorar su calidad de vida dentro de la legalidad y aquellos otros que forman parte de la cadena delictiva del narcotráfico o están coludidos con este.Hacer esta diferenciación es fundamental para el Gobierno, para tomar las acciones adecuadas y urgentes, luego de perfilar lo que debe ser una política antidrogas coherente y firme.Antes que nada, tenemos que recusar el recurso a la violencia y el chantaje de dirigentes cocaleros que bloquean caminos, sin pensar en el enorme daño que causan a los pobladores y las economías de esas zonas. ¿Y por qué? Pues para protestar y oponerse ciegamente a la erradicación de la coca y a cualquier salida alternativa.Es decir, pretenden dejar las cosas como están, que es lo que más conviene a las mafias del narcotráfico, que en connivencia con remanentes terroristas, imponen la ley de la selva en grandes áreas. Seguir permitiendo eso significa aceptar que existan 'zonas liberadas', en las que la autoridad del Estado no existe y nos acercaría a un modelo similar al colombiano donde las guerrillas ocupan territorio junto con los capos de la droga. Peor aún, la droga podría infestar la política y avanzaríamos al terrible prospecto de un narco-Estado. En esta difícil coyuntura, urgimos al Gobierno a restaurar el orden y la autoridad y garantizar el normal flujo de tránsito en Tocache. No se puede negociar bajo la amenaza y el chantaje. Luego, debe mejorarse los programas de sustitución de cultivos y renovar el diálogo con los dirigentes cocaleros legales y no violentistas. Del otro lado, hay que afinar los mecanismos de interdicción contra las lacras delictivas del narcotráfico, a través de acciones policiales, de inteligencia y endurecimiento de la ley.