La nueva Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, cuya constitución ha sido obra de los propios presidentes regionales, debe constituirse en una herramienta auxiliar para la descentralización y servir a sus miembros para afinar y armonizar criterios con el Gobierno Central en el traspaso de recursos y la asignación de competencias y funciones. Lo más pernicioso sería que esta asamblea devenga en un espacio de estéril asambleísmo o que distraiga recursos en innecesaria burocracia. Peor aun, que sea una entidad de extrema politización que solo busque la confrontación con el Gobierno Central. La labor que asuma debe considerar criterios principalmente técnicos como, por ejemplo, encaminar bien el aumento del dinero regional en infraestructura básica o en las ambiciosas metas para mejorar la calidad educativa y la cobertura médica. Claro que lo ideal sería que se convirtiese en el gran foro para llegar a acuerdos, en busca de consolidar las macrorregiones. Si está en esa línea, entonces enhorabuena su nacimiento. En todo caso, la asamblea no deberá impedir la labor de coordinación y dirección del proceso descentralizador que le corresponde al Ejecutivo.