La Fiscalía Provincial Mixta de Baños del Inca, Cajamarca, formalizó ayer una denuncia penal contra Mercedes Saucedo Ríos y Federico Sánchez, implicados en las pérdidas de muestras minerales y la destrucción del campamento minero de Michiquillay. Edgard Rebaza Vargas, a cargo de dicho despacho, sostiene que Ríos y Sánchez cometieron el delito de daño agravado en la modalidad de incendio o explosión. La decisión del fiscal obedece a una denuncia penal interpuesta por el procurador público de la Presidencia del Consejo de Ministros y encargado de ProInversión. El dictamen revela que estos daños han ocasionado la postergación de la ejecución del proyecto minero, causando pérdidas al Estado por más de US$42 millones. ¿Los defenderá ahora el congresista Werner Cabrera? (Edición sábado).
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