Resulta desaforada la politizada posición de un grupo de ronderos de las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, que, en su intento por impedir la explotación minera de la empresa extranjera Majaz, hacen anuncios beligerantes y promueven una consulta popular.Esta actitud contradice abiertamente el objetivo con el que se fundaron estas organizaciones en las zonas rurales: enfrentar la criminalidad ante las deficiencias estatales y promover la seguridad, especialmente contra el terrorismo. Ahora, en cambio, han devenido en ser un grupo más de lucha contra la actividad minera.En cuanto a una consulta popular existe una serie de mecanismos para impulsarla; sin embargo, aquí radica el reto para el titular del sector y sus principales funcionarios a fin de anticiparse a esto e insistir con una mesa de diálogo que acerque posiciones y evite potenciales conflictos.Es cierto que la etapa exploratoria de los yacimientos por parte de Majaz no fue manejada de la mejor manera, pero también es un asunto objetivo y reciente que otras mesas de diálogo han resultado exitosas y posibilitado la continuación de la actividad empresarial sin sobresaltos. Asimismo, es tarea obligatoria de la empresa Majaz tener un escrupuloso respeto por el medio ambiente de la zona y despejar cualquier duda de contaminación de los ríos que sirven para la actividad agrícola de las comunidades. El Estado, a través del ministerio, el gobierno regional, municipios y otras entidades públicas vinculadas, debe hacer sentir su presencia y mediar entre las partes, pero no puede aceptar amenazas violentistas de ningún lado.