La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) autorizó al procurador público encargado de la representación judicial de ProInversión a interponer las acciones legales contra los responsables del incendio del campamento de Michiquillay (Cajamarca), que destruyó un número indeterminado de muestras de mineral. Estos han sido increíblemente apadrinados por el congresista Werner Cabrera. El hecho, ocurrido el 14 de agosto de 2006, habría sido encabezado por Mercedes Saucedo Ríos y Federico Sánchez Sánchez. La investigación preliminar realizada por la Policía Nacional concluyó que durante el incendio se habría producido la presunta destrucción de insumos químicos fiscalizados, cuyo retiro es parte de un operativo ordenado por la Dirandro. El director ejecutivo de ProInversión, René Cornejo, señaló a Correo que hay responsabilidad penal y civil en el hecho, pues se destruyó propiedad privada y evidencias geológicas que eran parte del material que se tenía para la promoción de las inversiones en dicha mina y agregó que el acto vandálico ha afectado el proceso de licitación de Michiquillay.(Edición sábado).