Mantener un Estado derrochador e ineficiente, sobredimensionado y carente de los especialistas y técnicos que se necesitan para dirigir el país de manera profesional y transparente, solo augura más escándalos como los vividos las últimas semanas con las licitaciones convocadas por varios ministerios y el Poder Judicial.Es por ello alentador que el Ejecutivo arribe a un proyecto de ley que busca terminar con las sobrevaloraciones sospechosas. Se trata de una medida provisional, sin duda, mientras se instaura un sistema de compras de Estado, que sea homogéneo, en sus bases y en sus controles.Es un avance que la mencionada iniciativa legislativa cubra los vacíos que, precisamente, han sido el denominador común en las últimas y cuestionadas licitaciones. Por ejemplo, que se instituya la obligatoriedad de los análisis de costos y de los presupuestos detallados, para considerar los valores del mercado y establecer los valores de referencia de las compras antes de efectuarlas.El proyecto, seguramente, será mejorado en el debate que se realizará camino a su aprobación. Por ejemplo, hay aportes interesantes para evitar que las licitaciones las ganen siempre las mismas empresas, en parte porque las bases son muy cerradas; y para garantizar la fiscalización, lo que exige perfeccionar el banco de datos de proveedores del Consucode. Este es un avance, evidentemente, mientras el Gobierno cumple con acelerar la postergada reforma del Estado.