La sobrevaluación detectada en la licitación para la adquisición de patrulleros en el Ministerio del Interior ha generado que la contraloría busque establecer un mecanismo de control denominado precio testigo, el cual no es otra cosa que el precio tope que podrán pagar las entidades públicas para obtener los productos con los que requieren cubrir sus necesidades. ¿Quién y cómo se establecerá este precio tope? El contralor Genaro Matute explicó ayer que un grupo de especialistas de su sector revisará los precios de los productos que más compra el Estado, así como cuánto se pagaron por ellos considerando los diversos sectores que los adquirieron."Un sector no puede pagar más que otro por un vehículo, una computadora o algún otro bien. Si alguno paga más de lo que establecerá el precio testigo, tendrá que justificarlo. Para eso deberán estar alertas los responsables de los órganos de control institucional (OCI), quienes tendrán que notificar a la contraloría si la norma se incumple. Si ello ocurre, la compra deberá ser paralizada", manifestó Matute.