Es increíble, pero, como ha vuelto a denunciar El Comercio, nada garantiza que en nuestro país los dueños genuinos de un inmueble o de un terreno sean despojados de sus propiedades por medio de documentos falsos.Ya lo habíamos dicho: existe una nefasta confabulación contra el derecho de propiedad, liderada por delincuentes que adulteran toda clase de documentos, y sorprenden incluso a los Registros Públicos y las notarías, responsables de la legalización de títulos y otras credenciales. Se trata de inescrupulosos que se sostienen en esa gran fábrica de la falsificación, que nadie quiere erradicar, llamada Azángaro y alrededores.El tema es grave y llama la atención la escasa atención que se presta a un delito que, solo en dos años, acumuló en el Poder Judicial nada menos que cuatro mil denuncias presentadas por ciudadanos que, de un día para el otro, perdieron sus propiedades sin darse cuenta.Es positivo que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y el Colegio de Notarios de Lima se comprometan a tomar acciones que, tenemos que insistir, deben aplicarse de inmediato si se quiere enfrentar la mafia que se esconde tras la falsificación. Postergar la prevención --y las sanciones consecuentes-- convertiría a esas entidades en cómplices de los estafadores y, por lo tanto, de las estratagemas que --como todo indica-- comprometen a varios funcionarios de Registros Públicos y a más de una notaría.En cuanto a Azángaro y sus 'sucursales' en toda Lima es evidente lo que debe hacerse. Pocos son los cabecillas capturados --aunque no se ha informado qué suerte siguieron ante los tribunales--, mientras que las campañas de inspección son flor de un día: cierran establecimientos fraudulentos que luego son reabiertos ante el mutismo de las autoridades.Así, los falsificadores siguen riéndose del Gobierno, del Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, la PNP, municipalidades, Indecopi, Sunat, los Registros Públicos y los notarios. Esto no puede continuar. Se requiere denunciar a los culpables, promover normas que impidan la falsificación y endurecer las penas aplicables a las mafias, que atentan contra la fe pública, y también las sanciones para los usuarios de trámites ilegales.