Una cosa lleva a la otra: A raíz de la investigación sobre irregularidades en la adquisición de patrulleros policiales, ha salido a la luz la denuncia del apoyo logístico y financiero recibido por algunos candidatos, particularmente por UPP que lideraba el candidato Ollanta Humala, en las pasadas elecciones generales.Tal falta de transparencia es muy grave, pues este tipo de apoyo, de acuerdo con la ley electoral, tendría que haber sido declarado prolijamente en su oportunidad. En el caso del aporte a Ollanta Humala se trataría, además, de una empresa, Gildemeister, que contrata regularmente con el Estado, lo que abre el abanico sobre las veladas y reales intenciones de las partes.Según han informado fuentes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), si se demuestra que el ex candidato presidencial y UPP recibieron 200 mil dólares y dos camionetas (aunque fuere en préstamo) sin registrarlos en el informe de donaciones, tendrían que ser multados con montos que van de 10 a 50 veces el importe de la donación. ¿Por qué ocultaron esto? Reiteradamente lo hemos advertido: los aportes y donaciones que reciben los partidos en contienda deben ser informados de modo claro y oportuno a los órganos electorales, como lo manda la ley. Y en esta y otras páginas hemos trajinado para posibilitar que la ley de partidos y el marco normativo incluyan medidas para obligar a la transparencia en el financiamiento, así como para reglamentar y endurecer las sanciones.De lo que se trata, finalmente, es de evitar que dinero proveniente de grupos de interés (o peor aun del narcotráfico) infeste la política y condicione al nuevo Gobierno. Este es elegido para administrar el Estado y servir al bienestar de las mayorías y no a la agenda particular de algunos grupos que buscan prebendas o negociados oscuros.La ONPE tiene que usar todos los instrumentos a su alcance para investigar esta denuncia y, de comprobarse y darse el caso, sentar un precedente de severa sanción contra donaciones secretas.