El partido Juntos por el Perú (JP) y sus aliados de izquierda han desplegado una estrategia política y judicial para evitar lo que a estas alturas ya parece inminente: el triunfo de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La ofensiva se concentra en tres ámbitos: el Congreso de la República, el Poder Judicial (PJ) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En el Parlamento, la primera acción fue la presentación de una moción para interpelar al canciller Carlos Pareja Ríos. El pedido ingresó ayer y tiene 17 autores de las bancadas de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial (7), la Bancada Socialista (4), el Bloque Democrático Popular (3) y Somos Perú (1), a quienes se le sumaron dos No Agrupados. Por otro lado, la ofensiva legislativa también incluye el pedido para crear una comisión investigadora. Esta moción fue presentada el pasado 23 de junio por la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial y se encuentra pendiente de evaluación por el Consejo Directivo del Congreso. El plano judicial concentra tres acciones vinculadas al escenario posterior al balotaje. Dos de ellas fueron impulsadas por la defensa de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú, mientras que una tercera fue presentada por un ciudadano a quien relacionan con el entorno de Antauro Humala. La primera acción es la demanda de amparo presentada por Walter Ayala, abogado de Sánchez, contra la resolución emitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que modificó el sistema de transmisión de actas del voto extranjero.
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