De acuerdo con datos difundidos por el abogado y especialista en temas ambientales César Ipenza, las actividades económicas ilegales movilizaron aproximadamente 31,000 millones de dólares durante el último año. Esta cifra representa el 8 % del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Dentro de este panorama, la minería ilegal se consolida como el sector con mayor movimiento económico ilícito, al registrar una suma estimada de 11,500 millones de dólares anuales. El incremento de esta actividad y el rol otorgado por el marco legal al Reinfo han generado observaciones técnicas respecto de la eficacia de la fiscalización, asegura Ipenza. Según los análisis sectoriales, este registro ha establecido un mecanismo de protección administrativa que impide la intervención inmediata de los organismos sancionadores. Agrega que esta condición técnica genera un escenario en el que las operaciones mineras que se desarrollan fuera del marco normativo regular continúan funcionando sin la aplicación de sanciones efectivas por parte de las autoridades competentes.