La Contraloría General de la República recomendó iniciar acciones civiles, trasladar hallazgos a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y determinar eventuales responsabilidades administrativas, tras una auditoría de cumplimiento realizada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y ProInversión en relación con el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. El informe de auditoría concluye que ProInversión validó, tramitó y suscribió un contrato de inversión para el acogimiento al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV) pese a que los representantes de Terminales Portuarios Chancay S.A. (hoy Cosco Shipping Ports Chancay Perú) no contaban con el poder que acreditaba su capacidad legal para suscribir dicho documento, requisito exigido por la normativa vigente. Posteriormente, se suscribieron cinco adendas al contrato. Según la Contraloría, ello permitió que la empresa accediera y permaneciera en el régimen de recuperación anticipada del IGV, en cuyo marco recibió devoluciones por S/527.8 millones.