A través de uno de sus personeros, Juntos por el Perú (JP) formuló una denuncia constitucional ante el Congreso contra el actual canciller Carlos Pareja por presuntas infracciones a la Carta Magna y supuesto fraude electoral, solicitando, entre otras medidas, que sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años. Todo ello en medio de las sombras lanzadas por el partido respecto al balotaje. La denuncia, de más de 50 páginas, fue presentada este lunes por Pablo Salas Charca, personero legal alterno de JP. En ella se asegura que Pareja incurrió en una “flagrante” y “deliberada” vulneración de más de una decena de artículos de la Constitución, cuestionando la custodia de los sufragios emitidos por los peruanos en el exterior. Incluso, se le atribuye la posible comisión de delitos como fraude electoral, perturbación de actos electorales y omisión de actos funcionales. Sin embargo, especialistas consultados por El Comercio consideran inviable la denuncia al carecer de sustento. Según explicó Heber Joel Campos, abogado constitucionalista, la acusación no presenta, desde su punto de vista, “ningún elemento de juicio sólido que sustente sus afirmaciones”. Sobre todo, precisó, porque varias de estas responsabilidades corresponden a otras entidades y no a la cancillería y porque, además, se basa en hechos que ya han sido expuestos ante la autoridad electoral “sin que esta les haya otorgado mérito”. “Veo improbable que esta denuncia constitucional prospere”, remarcó.