En noviembre del 2025, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) convocó a concurso público y aceptó a trámite dos petitorios mineros cuyas áreas se superponen sobre el Nanay, cuenca amenazada por la minería ilegal, y desconociendo una resolución suprema que declara la cancelación de esas solicitudes en áreas restringidas. Se trata de Jaguar Dorado, concesión de 1,000 hectáreas solicitado por Edwin Bastidas Quispe, un empresario que figura en el Registro de Formalización Integral de Minería (Reinfo), con tres derechos mineros en Amazonas, Piura y Ayacucho, y vinculado a empresas mineras que tienen concesiones en Piura, frontera con el Ecuador. El 13 de marzo y 4 de abril del año pasado, Bastidas se reunió en la Presidencia del Consejo de Ministros con Rodolfo García Esquerre, Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal. En el registro de ingresos figura como visitante de CYJ Holding, una constructora creada en marzo de ese año. El otro petitorio de 100 hectáreas fue tramitado por Leslie Gutiérrez La Torre, quien tiene como domicilio Tambopata, provincia de Madre de Dios, esencialmente minera. (Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. 16] /