En los afanes de poner en tela de juicio la transparencia de la segunda vuelta electoral, el candidato Roberto Sánchez y su partido Juntos Por el Perú (JPP) han señalado supuestas irregularidades en el traslado a Lima de las actas y cédulas de votación de los peruanos en el exterior al amparo, según ellos, de un supuesto cambio en la normativa legal. Bajo esa premisa, en la víspera, el abogado Walter Ayala, defensor legal del golpista Pedro Castillo —aliado del congresista Sánchez— presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial (PJ) buscando que se anulen todos los votos de los peruanos residentes en el extranjero alegando que la Resolución Jefatural N.° 000090-2026UN/ONPE del 29 de mayo de 2026, que aprobó los Lineamientos para las Actividades Electorales en el Extranjero - Segunda Elección Presidencial 2026, modificó la legislación electoral vigente. En respuesta, la vocera de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Katiuska Valencia, precisó a Perú21 que el marco legal para el voto de los peruanos en el extranjero no fue modificado y explicó que la resolución invocada por Ayala solo adecuó los lineamientos dados por la ONPE para facilitar la labor de la Cancillería en el proceso.