La lucha contra la inseguridad ciudadana formó parte del discurso de varios candidatos a la presidencia. Así, vistas las cifras, todo parece anticipar que el próximo Gobierno no tendrá, o no debería tener, luna de miel en dicha materia. Los números no dejan duda: el crimen se viene extendiendo de forma acelerada ante la pasividad de las autoridades que hoy están de salida. Cerca de la mitad de los peruanos ha presenciado el cierre de negocios a consecuencia de la delincuencia, según el Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, BCP y Capital Humano y Social (CHS), Según el reporte, basado en una encuesta a nivel nacional de mayo último, el 45% afirmó que durante los últimos 12 meses el (ella) o alguien de su barrio, frecuentaba negocios como bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias, entre otros, que tuvieron que cerrar o restringir sus actividades por la inseguridad ciudadana, teniendo como principal motivo la extorsión. “Ese 45% involucra a 11,400,000 personas, es decir (en un año) hemos crecido en más de 3,200,000 personas (adicionales) que perciben la afectación de la inseguridad en la vida económica del país”, señaló Ricardo Valdés, gerente general de CHS.
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