Resultan preocupantes las altisonantes declaraciones del secretario general del partido oficialista, Mauricio Mulder, para reclamar que más apristas puedan ocupar cargos en la administración pública. Coincide con lo anterior el nombramiento de un conocido militante, el ex alcalde de Trujillo Martín Sifuentes, como director de Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), entidad vinculada a contratar personal en las empresas públicas. Es evidente que, para evitar suspicacias, el cargo debería recaer en un profesional independiente. Al respecto, saludamos la pronta reacción del presidente del Consejo de Ministros, quien ha recordado el compromiso presidencial con la reforma y subrayado, como debe ser, que la designación de cargos funciona por el criterio de la meritocracia y no del carnet. Y es que tampoco puede prohibirse per se que se contrate a militantes apristas, pero eso puede hacerse solo si tienen méritos técnicos y profesionales suficientes para el cargo.Reiteradamente hemos advertido sobre las burdas presiones de sectores radicales del aprismo, que intentan reeditar la nefasta costumbre del Gobierno anterior (1985-90) de copar la administración pública, simplemente para cobrar favores políticos. El resultado fue desastroso: crecimiento injustificado de la burocracia, más ineficiencia y más gasto.Por lo mismo, la consigna ahora es pisar el acelerador de la reforma del Estado para reducir la planilla estatal y establecer la meritocracia y los concursos públicos como la vía obligada para captar el personal necesario. La nueva ley de empleo público tiene que ser inflexible en el cumplimiento de estas normas.La reforma del Estado es absolutamente incompatible con las presiones clientelistas, que el Gobierno, el presidente y el jefe del Gabinete deben resistir y denunciar públicamente. De por medio están el interés nacional y el bienestar de todos los peruanos.