El candidato de Juntos por el Perú planteó una iniciativa sobre la “minería ancestral”, pero expertos señalan que su fondo es que la ilegalidad se suministre de herramientas. Un artículo cita excepciones sobre los “permisos” para el uso de explosivos y manejo de mercurio. El plan de gobierno de Juntos por el Perú (JP) fue cambiado a menos de una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Por el ajetreado momento, genera incertidumbre conocer cuáles serán realmente sus propuestas. Una de las áreas claves donde se buscan implementar medidas es la minería. Lo cierto es que quien resulte presidente tendrá facultad absoluta para decidir la política a aplicar. Un espacio para conocer las prioridades de Sánchez es su legado legislativo y, en un contexto de raudo avance de la minería ilegal, llama la atención un proyecto que busca facilitarle el acceso a dinamita y mercurio, entre otros. A mediados de noviembre, Sánchez presentó el proyecto "Ley marco de minería con prácticas ancestrales" (13246). El documento cuenta con 91 artículos, pero al menos dos llaman la atención por sus riesgos. El 26 aborda las "excepciones en la trazabilidad del mineral". Esto, basándose en que el registro y la actualización de datos en tiempo real, así como las acciones de fiscalización y seguimiento, se realizan vía el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Sipmma).
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