La Comisión Permanente del Congreso archivó definitivamente la denuncia contra Dina Boluarte por las muertes durante las protestas de 2022 y 2023, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declarara improcedente el informe en su contra porque anteriormente se rechazó una acusación por el mismo caso. La medida buscaba abrir una investigación contra la mandataria por las decenas de muertes y cientos de heridos registrados durante las manifestaciones sociales que sacudieron el país tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo. La denuncia había sido formulada por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien acusaba formalmente a Boluarte Zegarra por la presunta comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo las modalidades de lesiones graves y dolo eventual por violación de derechos humanos.