Durante la campaña electoral se ha sostenido que un presidente sin mayoría en el Congreso tiene un margen limitado para influir sobre el rumbo del país. Sin embargo, esto es falso: el Ejecutivo conserva amplias facultades para incidir en la economía y el bienestar de la población. Lo ocurrido en el último quinquenio del gobierno de Perú Libre es evidencia de ello. Los cambios del nuevo plan de gobierno de Juntos por el Perú son otra prueba de que las prioridades de un Ejecutivo se pueden improvisar ampliamente en función de los incentivos políticos que enfrenta. Una función clave del Ejecutivo es priorizar el presupuesto público y asegurar su ejecución eficiente. Así, propone los presupuestos de aspectos claves para el desarrollo como salud, educación y seguridad. Pese a ello, en el último quinquenio, el país evidenció un uso ineficiente del Tesoro. Un claro ejemplo fueron los continuos rescates a Petro-Perú sin condicionarlos a su reestructuración integral. Así, de los S/32.100 millones en rescates financieros desde el 2013, más del 80% se otorgó durante los últimos cinco años. Otro ejemplo de este manejo inadecuado es que, entre el 2023 y el 2025, el país incumplió al menos una de sus cuatro reglas fiscales cada año. Ello demuestra que mantener la sostenibilidad fiscal dejó de ser una prioridad para un Ejecutivo complaciente con la aprobación de normas con alto costo fiscal del Congreso.