Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), está en la carrera contra Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, por el sillón presidencial. A solo días de la segunda vuelta, el candidato de izquierda sorprendió, el 01 de junio, con la presentación de un nuevo plan de gobierno. Esto llega, justamente, después de los últimos dos debates donde se observó un aparente cambio de discurso. Gestión le puso el foco a las propuestas de la dimensión económica. El análisis compara el nuevo documento respecto al plan presentado antes de la primera vuelta de abril. Antes de desagregar la dimensión considerada, es necesario hablar de un punto relevante: la intención, aún clara, de cambiar la Constitución Política. Más allá de cualquier propuesta económica puntual, un cambio de la Carta Magna es el dato más relevante por una razón: la Constitución es la que fija las reglas del juego. Inicialmente el ideario de JP se sostenía en un punto central: “contar con una nueva Constitución con institucionalidad democrática, fruto de la Asamblea Constituyente”. Si bien esto se ha “suavizado” en el nuevo texto, el fondo es el mismo: “Como Juntos por el Perú, se impulsará una Constitución de consenso a través del diálogo nacional, que involucre a todos los sectores y a la sociedad en su conjunto, siguiendo las vías democráticas que la carta política y la ley contemplan [...] Liderar un proceso democrático y participativo de cambio constitucional que, a través del diálogo nacional y de la consulta a la ciudadanía, defina la vía –la reforma integral por el cauce del artículo 206 o la convocatoria a una Asamblea Constituyente– para dotar al país de una Constitución de consenso”. Es más, la intención principal es hacer ajustes al capítulo económico. Dentro del planteamiento para una reforma constitucional, se señala que “el Estado debe recuperar un papel activo en la economía [...]”. Esto, después de subrayar que el “modelo económico [actual] no ha repartido sus frutos entre todos [...]”.
- [Gestión,Pág. 2, 3] /