Si bien no existe, en el reglamento del Consejo de Defensa Judicial del Estado (CDJE), un impedimento para que los militantes del partido de gobierno sean nombrados procuradores, lo saludable -y en cumplimiento de la palabra empeñada durante la campaña- es que ello debería evitarse, considerando que estos abogados ejercerán la defensa del Estado en las investigaciones que se realicen a funcionarios públicos.Lamentablemente, en el Apra las cosas no se ven de esa forma. En los últimos cuatro meses, el presidente Alan García, junto con el premier Jorge del Castillo y con la ministra de Justicia, María Zavala, ha nombrado a ocho militantes del partido de Haya de la Torre -y a otros dos muy cercanos- como titulares de las principales procuradurías descentralizadas del país.