Juntos Por el Perú (JPP) presentó un nuevo plan de gobierno, plagado de inconsistencias que, aunque intente maquillar su intención, configura un ataque directo contra la inversión privada. Una constante del programa es la hostilidad y el menosprecio hacia las grandes empresas, a las que acusa sistemáticamente de haber “capturado al Estado”. El documento ignora deliberadamente que estas corporaciones son los principales contribuyentes del país, generan empleo formal con todos los beneficios de ley y, gracias a su alta productividad, lideran la innovación y la inversión privada en el territorio nacional. “Los grandes grupos económicos, la economía ilegal, las mafias políticas y los grupos de poder, gobiernan contra el pueblo y contra la democracia”, señala textualmente el ideario. Bajo la trillada consigna de “recuperar el Estado para el pueblo”, el nuevo programa insiste en imponer una asamblea constituyente. Con ello, pasa por alto que el actual régimen económico de la Carta Magna es, precisamente, el que delinea las reglas de juego claras que atraen la inversión extranjera. En el ámbito de derechos mineros, plantea revisar el sistema de adjudicaciones, modificar la Ley de Concesiones Mineras y frenar un supuesto “acaparamiento de tierras”. Además, establece mecanismos de contribución en periodos de sobreganancias. Esta propuesta ignora por completo que el régimen tributario minero en el Perú ya es altamente progresivo; es decir, a mayor rentabilidad de la compañía, el Estado aplica de forma automática tasas impositivas y regalías más elevadas.
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