La contradicción entre el discurso y el historial legislativo de Juntos por el Perú (JP) se ha convertido en uno de los flancos más vulnerables de la campaña de Roberto Sánchez. Su voto a favor de la Ley 31989, calificada por el Colegio de Abogados de Lima (CAL) como promotora del crimen organizado, convive con un plan de gobierno que promete derogar normas de ese mismo talante. Para el abogado y analista político Enrique Ghersi, esa contradicción no es un error político: es una política deliberada. La Ley 31989, que restringe la capacidad policial para intervenir en minería ilegal, ¿puede catalogarse como una “ley procrimen”? Sí, la única “ley procrimen” que conozco es el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), ampliada muchas veces, cuyo autor es Roberto Sánchez. Es una ley inaceptable que le da inmunidad absoluta frente a sus responsabilidades penales, administrativas y ambientales. Sánchez es el principal propulsor de estas actividades, que se encuentran muy presentes en su campaña. Es un gran cinismo sostener ahora que él está en contra del crimen, cuando lo ha favorecido inequívocamente.
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