El partido Juntos por el Perú (JP) incluyó en su plan de gobierno 2026-2031 la derogación de siete normas a las que califica como leyes “procrimen e impunidad”. Sin embargo, una revisión de las votaciones realizadas en el Legislativo revela una contradicción política: tres de esas normas tuvieron el respaldo de sus candidatos al Congreso bicameral, cuando ejercían como parlamentarios en la presente gestión. La primera es la Ley 31990, que modifica el régimen de colaboración eficaz. La norma establece un plazo máximo de ocho meses, prorrogable por cuatro más, para verificar la información que brindan los colaboradores eficaces. El Ministerio Público (MP) advierte que obstaculiza gravemente la investigación de delitos complejos, precisamente los casos que más tiempo y pruebas requieren para ser corroborados. Esta ley fue aprobada por insistencia con los votos de los candidatos de JP al Senado: Silvana Robles, Margot Palacios y Pasión Dávila. (Edición domingo).