El Poder Judicial declaró inaplicable la inhabilitación por 10 años de ejercer la función publica que impuso el Congreso contra Delia Espinoza por supuestamente no haber aplicado correctamente la Ley 32130, que reforzaba la intervención operativa de la Policía Nacional en investigaciones preliminares. Espinoza fue inhabilitada en diciembre de 2025 con la fuerza de los votos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y Avanza País. También, se declaró haber lugar para la formación de una causa legal contra Espinoza como presunta autora de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y como posible instigadora del delito de usurpación de funciones.