El exministro de Economía y representante del plan económico de Fuerza Popular, Luis Carranza, planteó cerrar las iniciativas de gasto del Congreso, acudiendo al Tribunal Constitucional (TC) para aclarar el papel del Legislativo en esta materia. En 2022, el TC hizo una interpretación del artículo 79 de la Constitución y dio cierta facultad al Congreso de emitir leyes que generan gastos e impactan la caja fiscal. Según el Consejo Fiscal (CF), esas iniciativas implicaron (hasta el 2025) un costo fiscal anualizado de S/ 11, 400 millones por el carácter permanente de pagos, como el aumento de las pensiones de los profesores jubilados, igual al del maestro en actividad. También el pago de CTS y gratificaciones a los trabajadores CAS.