Por Mónica Pizarro Díaz, socia de Echecopar. El último domingo se realizó el debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Quedaron claras dos visiones económicas para el país: un enfoque promercado, promotor de la inversión privada y la desregulación y otro que propone un fortalecimiento del rol del Estado, así como la introducción de políticas redistributivas y de apoyo directo a ciertos sectores. Sin embargo, más allá de ese contraste, hubo una omisión importante: la agenda de reforma laboral. El vacío no es menor. En un país donde más del 70% del empleo es informal (lo que impacta tanto en la productividad como la protección social) dejar fuera propuestas regulatorias concretas que aborden este tema limita seriamente el debate público. En materia económica, las diferencias eran previsibles. Fuerza Popular apostó por la estabilidad macroeconómica, la promoción de la inversión privada, la aplicación de incentivos tributarios para el empleo juvenil y la reducción de trabas burocráticas como motores de creación de empleo. Juntos por el Perú, en cambio, planteó un mayor rol del Estado a través de transferencias directas y acceso a financiamiento para pequeños emprendedores. Al mismo tiempo, se comprometió a respetar los contratos y a evitar estatizaciones.
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