Lo aseguraron en el debate técnico del último domingo más de una vez. Primero Ernesto Zunini, luego Pedro Francke, dos integrantes del equipo técnico de Juntos Por el Perú. Ambos afirmaron que Roberto Sánchez, su candidato presidencial, y también congresista, no respaldó ninguna de las llamadas leyes procrimen aprobadas por el Legislativo. Pero eso no es cierto. Desde su curul congresal, Sánchez ha apoyado una iniciativa que favorece a la minería ilegal, una actividad a la que ha respaldado con su voto y con su presencia en la Comisión de Energía y Minas, la que lo tiene como uno de sus miembros más influyentes. Así como intenta desmarcarse de Antauro Humala, el aspirante de JPP tampoco puede deslindar de leyes que ahora niega. En marzo de 2024 fue coautor de un proyecto y luego votó a favor del mismo en el Pleno, dando así luz verde a la Ley 31989 que elimina las causales que permitían excluir a los mineros del Reinfo y restringe la capacidad de la Policía Nacional para actuar contra personas con inscripción suspendida intervenidas en posesión o uso ilegal de explosivos, incluyendo a quienes forman parte de organizaciones criminales. Esta ley es una de las consideradas como procrimen. Para Iván Arenas, analista político y especialista en temas mineros, el candidato de JPP se ha convertido en el principal representante de los intereses de la minería informal dentro del Parlamento.
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