Por Martín Fariña Von Buchwald, socio fundador de LXG. El aguacate ilegal mexicano mueve US$ 770 millones al año y bastó para que Estados Unidos rediseñara su arquitectura penal antiterrorista contra cadenas productivas. La minería aurífera ilegal peruana mueve quince veces más. Hay una minería formal responsable que paga impuestos y cumple obligaciones ambientales. No es el tema de este artículo. El problema son las procesadoras y mineras que compran mineral de terceros sin garantizar trazabilidad. Allí se puede mezclar oro legal e ilegal, se pierde la huella del yacimiento y la cadena queda expuesta. La Conferencia Episcopal Peruana calificó a la minería ilegal como parte de “una verdadera pandemia” de economía ilegal vinculada al narcotráfico, la tala ilegal, la trata y el lavado de activos. Los obispos amazónicos advirtieron además que “el Estado va perdiendo soberanía sobre sus propios territorios”. El precedente mexicano importa. En febrero del 2025, Estados Unidos designó a seis organizaciones criminales mexicanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Luego, OFAC sancionó a Cárteles Unidos y Los Viagras por “la extorsión a las industrias del aguacate y los cítricos de México”. Bajo la legislación estadounidense, cualquier empresa que preste “apoyo material” a organizaciones terroristas enfrenta hasta veinte años de cárcel federal. La definición es deliberadamente amplia e incluye “hacer negocios con actores vinculados”.
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