Por Víctor Melgarejo, director de Gestión. Cuando se habla de revisar contratos entre privados y controlar precios, no se discute únicamente un alquiler. También se pone sobre la mesa la estabilidad de otros acuerdos". Cada cierto tiempo reaparece una idea que suele sonar atractiva en medio del proceso electoral: que el Estado intervenga en la revisión de contratos entre privados y en la fijación de límites a los precios para “proteger” a la población. El discurso puede generar aplausos inmediatos, especialmente en campaña, pero la historia demuestra que estas medidas terminan produciendo efectos contrarios a los prometidos. Uno de los ejemplos más claros fue el control de alquileres aplicado en el país en 1977 mediante el Decreto Ley N.º 21938. La norma no solo regulaba rentas en determinados casos, sino que además restringía desalojos, promovía renovaciones forzosas de contratos y permitía al Estado echar mano sobre lo que consideraba una renta “justa”. La intención podía parecer noble. El resultado no. Cuando el Estado interviene en estos dos puntos, puede generar un alivio temporal para algunos sectores, pero el efecto de fondo suele ser perverso: menos incentivos para invertir, menor oferta y más informalidad. El resultado es exactamente el contrario al prometido, menos viviendas disponibles, deterioro de inmuebles y un mercado más precario.
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