Si se le preguntase a un grupo grande de peruanos si desean un cambio en el rumbo que sigue el país, probablemente un buen número diría que sí. No es para menos. La salud y la educación públicas deberían ser motivo de vergüenza nacional. El crimen organizado viene ganando fuerza. La pobreza –aunque reduciéndose– permanece por encima de los niveles previos a la pandemia. Es evidente que se necesita un cambio. Aquí es donde aparece el engaño. Juntos por el Perú (JP) y voceros afines señalan que la Constitución de 1993 es la responsable de los estropicios. Lo que habría que descartar entonces, en esta lectura, es la Carta Magna actual. Se aprovecha y manipula la demanda ciudadana legítima por mejoras en la calidad de vida para impulsar una agenda política que no soluciona los problemas reales. El hecho de que haya que emprender reformas no significa que se requiera rehacer la Constitución. Más bien, la Constitución actual ha hecho posible que –en varias dimensiones– el país progrese significativamente desde hace más de 30 años. El PBI se multiplicó por tres en las últimas tres décadas, y la tasa de pobreza cayó en casi 40 puntos entre el 2004 y el 2019. Según recordó Apoyo Consultoría en un informe publicado ayer en El Comercio, las propuestas de asamblea constituyente de JP más bien recuerdan la ruta que siguieron en su momento países como Ecuador, Bolivia y Venezuela, cada uno con peores resultados que el otro.