Por Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas. El desarrollo de la minería en el Perú enfrenta hoy un desafío que trasciende lo productivo: su capacidad de generar bienestar sostenible en los territorios donde opera y de esa forma contribuir al cierre de las brechas sociales y a la generación de bienestar. En un país con una rica dotación de recursos minerales y, al mismo tiempo, profundas brechas sociales, la clave para construir legitimidad y sostenibilidad radica en la articulación de alianzas estratégicas que integren al Estado, comunidades, sociedad civil, empresas y academia. Durante las últimas décadas, la minería ha contribuido de manera significativa al crecimiento económico y a la recaudación fiscal. Sin embargo, este avance no siempre se ha traducido en una real mejora de la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las operaciones. Este desfase exige replantear el modelo de intervención empresarial, transitando hacia esquemas de valor compartido que alineen la rentabilidad con el desarrollo territorial. Existen ya ejemplos concretos que evidencian el potencial de esta transformación. Diversas empresas mineras han impulsado iniciativas de desarrollo productivo local, fortalecimiento de proveedores, acceso a servicios básicos y mejora de capacidades educativas. Estas experiencias demuestran que sí es posible generar encadenamientos económicos y capital social en las zonas de influencia, contribuyendo de manera directa a la reducción de la pobreza.
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