Por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto. La desafección ciudadana que alimenta hoy opciones políticas disruptivas tiene una explicación estructural: la percepción, fundada en muchos casos, de que el Estado recauda y presupuesta, pero no entrega. Los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2025 permiten precisar ese reclamo. Las regiones donde Roberto Sánchez obtuvo sus mejores resultados en primera vuelta –Cajamarca, Puno, Huánuco, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica– concentran las mayores brechas de servicios básicos del país. Solo el 20.8% de los pobres extremos accede a agua con cloro adecuado y apenas el 36.7% tiene desagüe por red pública. Siete de cada 10 peruanos rurales usan pozos ciegos o letrinas. El 79% de la población presenta problemas de salud crónicos y el 62% tiene carencias en la atención efectiva. Más del 70% de los colegios públicos carece simultáneamente de agua, luz y saneamiento. Esta es la población que vota contra un Estado que llega tarde, mal o nunca. Una población que recibe muy poco del Estado tiene poco que perder y, por esa razón, es más permeable a propuestas radicales que ofrecen ruptura antes que continuidad. El problema de fondo no es la capacidad del país para generar riqueza –el modelo económico ha demostrado sostener esa capacidad incluso en contextos adversos–, sino lo que el Estado hace con los impuestos que esa actividad tributa. Por eso, el debate pendiente no es sobre el tamaño del presupuesto, sino sobre el tipo de Estado que necesitamos y sus capacidades reales de gestión.
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