En lo que va del 2026, el Congreso de la República ha recibido una creciente ola de iniciativas para trasladar trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 en distintas entidades públicas. Solo este año ya se identifican al menos 33 iniciativas legislativas (27 proyectos de ley y seis dictámenes) relacionados con cambios de régimen, incorporación progresiva o adecuación laboral de servidores públicos en más de 20 organismos, entidades técnicas, programas sociales y organismos autónomos del Estado. Entre las entidades alcanzadas por estas iniciativas figuran Indecopi, Sunarp, JNE, Senasa, Cofopri, ONP, JNJ, programas sociales, entre otros. El régimen CAS, regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, es un sistema especial de contratación creado para el sector público bajo una lógica inicialmente temporal y administrativa. A diferencia del régimen laboral 728 –correspondiente a la actividad privada–, contempla menores beneficios laborales y una protección distinta frente al despido. Aunque, con recientes cambios desde el Parlamento, los trabajadores CAS recibirán ahora gratificación y CTS.