Por Víctor Melgarejo, director periodístico del diario Gestión. Cada cierto tiempo vuelve el debate sobre el rol empresarial del Estado. Aunque la Constitución habla de un rol subsidiario, muchas veces se intenta justificar la necesidad de crear más empresas estatales “estratégicas” o incluso nacionalizar sectores considerados claves. Más aún en medio del actual debate político. Sin embargo, antes de abrir nuevamente esa puerta, conviene mirar la experiencia reciente. Y lo que muestran los hechos no es una historia de eficiencia. Petroperú se ha convertido en el ejemplo más evidente. Solo en los últimos años, el Estado ha destinado más de US$ 6,400 millones para sostener a una empresa que sigue atrapada en una situación financiera crítica. Diversos análisis financieros y estimaciones de agencias internacionales llegaron a ubicar el apalancamiento de Petroperú en niveles extremadamente elevados, incluso cercanos a 44 veces EBITDA en el 2025. Mientras tanto, otras petroleras estatales de la región muestran realidades muy distintas: Ecopetrol (de Colombia) mantiene un ratio de deuda neta sobre EBITDA cercano a 2.1 veces y Petrobras (de Brasil) alrededor de 1.4 veces. La diferencia no es menor. Pero el problema en el país va más allá de Petroperú. Corpac, Sedapal y varias empresas públicas han mostrado durante años servicios deficientes, baja capacidad operativa, problemas administrativos y enormes limitaciones para responder a los ciudadanos. El patrón se repite: endeudamiento, ineficiencia y dependencia política.
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