Por muchos años, los defensores de Petro-Perú y de la gigantesca deuda que tomó para la refinería de Talara mantuvieron un argumento central: el proyecto no le costaría un céntimo al Tesoro Público porque se pagaría por sí solo gracias a la enorme rentabilidad que sacaría del margen de refinación. Hoy, esa tesis suena a broma de mal gusto. Pésima gestión, ideología desfasada, interferencia política e intereses ilegítimos explican buena parte de la debacle. Desde el 2022 a la fecha, los préstamos, garantías y aportes de capital a cargo de los contribuyentes en beneficio de la petrolera estatal suman más de US$4.700 millones. Un informe publicado ayer por El Comercio recoge algunos de los destinos que esos mismos recursos pudieron tener: 260 colegios de alto rendimiento, 77 hospitales de mediana complejidad o siete veces el presupuesto de los programas sociales Juntos y Pensión 65, solo para darnos una idea de las magnitudes. También se hubiera podido duplicar el presupuesto en seguridad ciudadana o cuadruplicar lo destinado a desarrollo infantil temprano. Este es un caso que evidencia con nitidez los riesgos de abrir la puerta al Estado empresarial.