Las transferencias autorizadas para cubrir préstamos, garantías, líneas de crédito o aportes patrimoniales hacia Petroperú registraron un aumento notable durante el último quinquenio de inestabilidad política. Entre el 2022 y el 2025, el gobierno emitió ocho decretos supremos que transfirieron US$4.764 millones a la petrolera estatal. Los recursos destinados no pudieron aminorar la crisis financiera y administrativa que afronta actualmente afronta la empresa, pero tuvieron un elevado costo de oportunidad; es decir, alternativas de inversión pública con impacto sobre el bienestar y cierre de brechas que se dejaron de ejecutar para favorecer los rescates de la compañía. De acuerdo a estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), desde el 2013 a la fecha, el costo generado al Estado por el apoyo financiero a Petroperú habría alcanzado los S/32.100 millones. De esta cifra, el 62% (S/19.940 millones) se habría registrado entre los períodos de los expresidentes Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí. ¿Qué proyectos o intervenciones pudieron financiarse con estos fondos? El monto destinado en los últimos cuatro años habría permitido, por ejemplo, financiar siete veces el presupuesto conjunto de los programas sociales Juntos y Pensión 65 o 12 veces el presupuesto modificado del Programa Nacional de Becas (Pronabec) previsto para este año. (Edición domingo).