Luego de que el Congreso trasladara a la fiscalía y el Poder Judicial la responsabilidad de activar los pedidos de desafuero, es plausible que la Corte Suprema haya instalado una comisión para evaluar -es de suponer que con la debida prontitud- la pertinencia de dichas solicitudes.Este es un paso más en el delicado proceso de aplicar justicia ante conductas escandalosamente delictivas, pero que hasta ahora ha encontrado serias trabas en el seno parlamentario, donde persiste un mal entendido 'espíritu de cuerpo'.El caso más grave y escandaloso es el del congresista Leoncio Torres Ccalla, sobre quien pesa una seria acusación de abuso sexual contra una menor. Sin embargo, hay otros como el del congresista Jorge Mufarech. Hay que recordar que fue solo por la presión de la opinión pública que el Congreso accedió al desafuero del congresista Alfredo González.De lo que se trata, finalmente, es de saldar una grave deuda de los poderes públicos con la ciudadanía, que desaprueba mayoritariamente su gestión y exige que la ley sea igual para todos. No debe confundirse inmunidad con impunidad.El momento es trascendental para cambiar paradigmas negativos y reforzar la institucionalidad. En el caso de los desafueros, esta gran responsabilidad debe ser asumida por el Congreso y el Poder Judicial, obligados a sentar firmes precedentes de renovación ética y poner los cimientos de un nuevo tipo de cultura política.