La minería ilegal ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una crisis cada vez más difícil de revertir. En 2025 las exportaciones de oro ilegal superaron los US$11.500 millones, una cifra 6,5 veces mayor que la de hace una década y 55% superior a la de 2024, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). El avance se refleja con igual intensidad en el sistema penal y financiero. Las denuncias registradas en el Ministerio Público se duplicaron entre 2021 y 2025, pasando de 1.266 a 2.601 en todo el país. El incremento fue especialmente pronunciado en las regiones con mayor presencia de esta actividad: La Libertad pasó de 146 a 419 denuncias, Cajamarca de 33 a 260 y Madre de Dios de 245 a 427. Mientras que el dinero que mueve esta actividad económica ilícita es cuantiosa en el sistema financiero. Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a minería ilegal, entendidos como alertas emitidas por bancos y cajas ante movimientos inusuales de dinero detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), alcanzaron los US$6.036 millones en 2025, más de cuatro veces el valor registrado en 2024 (US$1.407 millones), consolidándose como el principal medio de lavado de activos.